Camerfactura, es la solución global de las Cámaras de Comercio de España para su proyecto de factura electrónica. Se encuentra adaptada a las necesidades de la Administración acorde a la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El desarrollo del comercio electrónico requiere la creación de un marco jurídico para la utilización de la facturación electrónica.

En nuestro ordenamiento, este marco jurídico se conforma, por un lado y con relación a la contratación del Sector Público, en la reciente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y, en general, con el impulso dado por la todavía más reciente Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Las bases han sido puestas y los plazos marcados. El camino, por tanto, se ha comenzado a recorrer y debemos todos estar atentos a adecuar nuestros comportamientos en la línea de la implantación de la factura electrónica como una incuestionable realidad.

En este sentido, establecemos una breve relación de los plazos de implantación de la facturación electrónica para empresas y Administraciones establecidos en la normativa antes referenciada

LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

30 de Julio de 2009

Plazo máximo para la presentación de facturas electrónicas por parte de las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada obligatoria en la contratación con el sector publico.

30 de Octubre de 2010

Plazo máximo para que todas las facturas sean electrónicas en la contratación con el Sector Publico.

LEY 56/2007 DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El pasado 30 de Diciembre de 2008

Las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica deberán facilitar a sus usuarios un medio de interlocución telemática mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica. 

A partir del 30 de Diciembre de 2008

A partir de esta fecha, el Gobierno estudiará la posibilidad de aplicar a empresas de otros sectores que no sean de especial transcendencia económica la obligación de establecer medios de interlocución telemática.